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RSE y Ley de Contratación Pública

La Ley de Contratación Pública que entró en vigor en marzo de 2018 introdujo el concepto de cláusulas sociales y medioambientales en la preparación de los contratos del sector público, todo esto como instrumento para la implementación de prácticas responsables para la contratación, promocionar PYMES y fomentar la competitividad.

Es evidente que la Responsabilidad Empresarial de las Empresas, es una de las “herramientas” que las empresas han adquirido para posicionarse de cara a estas cláusulas, no obstante ¿Cómo afecta esto a la RSE?

Realmente constituye una afección doble; por un lado beneficia a todas aquellas entidades que ya orientaban su estrategia a la RSE y además puede atraer a otras empresas que vean en ella una oportunidad para crecer de forma sostenible, pero por otro lado puede también atraer a organizaciones que únicamente precisan de la RSE a modo de sello o etiqueta, sin que realmente haya un pleno convencimiento por la dirección (como ya ocurre con las normativas ISO, fundamentalmente la 9.001 y la 14.001).

Por eso hay que recordar que RSE es mucho más que una etiqueta, que al igual que cualquier sistema de planificación estratégica requiere de un gran compromiso por parte de la Dirección y de toda la organización. Además supone un gran esfuerzo y una gran inversión de tiempo y dinero como para no explorar sus ventajas y su propia rentabilidad (en ocasiones intangibles pero fundamentales).

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