La cadena de suministro en el punto de mira: CSDDD
Cuando hablamos de sostenibilidad en el contexto actual lo hacemos en clave de impacto, desde la gestión de los IROs (Impactos Riesgos y Oportunidades) acuñados en la Directiva europea sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD). Esta regulación obliga a las organizaciones a adoptar prácticas más sostenibles y a cumplir con estrictos estándares europeos.
A esta normativa se suma, desde junio de 2024, la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD) enfocada a la cadena de valor de las empresas, estableciendo obligaciones para las grandes empresas de la Unión Europea en relación con la identificación, prevención y mitigación de los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro.
¿Qué implica la CSDDD para las empresas?
La CSDDD tiene el objetivo de afianzar en las empresas el cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde Europeo y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Entre las principales claves de la directiva, se encuentra la obligación a las empresas de implementar procesos de diligencia debida que incluyan la evaluación de riesgos, la adopción de medidas correctivas y la transparencia en la comunicación de sus esfuerzos.
Un requerimiento que supone un cambio sustancial en la gestión empresarial, puesto que requiere la extensión de esta gestión a las relaciones comerciales y con sus proveedores.
¿Cómo seguimos avanzando en el camino trazado?
España, como el resto de estados miembros, deberá trasponer esta directiva al derecho nacional en el plazo de dos años. La aplicación de la directiva será gradual a partir de 2027:
- 2027: empresas con 5.000 personas trabajadoras y más de 1.500 millones de euros
- 2028: empresas con 3.000 personas trabajadoras y más de 900 millones de euros.
- 2029: empresas con 1.000 personas trabajadoras y más de 450 millones de euros.
Mientras se realiza la trasposición de esta directiva al derecho español y la Comisión Europea publica las directrices de actuación, las empresas tienen un largo camino por delante.
Según cifras del Pacto Mundial de la ONU, en España: el 91% de las compañías del IBEX 35 ya cuentan con un código ético para proveedores; un 52% de las grandes empresas evalúan a sus proveedores bajo criterios ambientales, y un 43% lo hace considerando aspectos sociales y de derechos humanos.
Como gran empresa con una cadena de suministro formada principalmente por proveedores locales, en Sando somos conscientes del impacto positivo que podemos generar con una gestión ética y responsable de nuestra cadena de valor. Por ello, hemos integrado este compromiso entre nuestras líneas estratégicas de sostenibilidad, bajo cuyo marco se desarrollan actuaciones en materia de homologación, capacitación de proveedores, concienciación a los perfiles de compra de la empresa o procedimientos y sistemas para la evaluación de riesgos en aspectos ASG.