Del derecho a la obligación

La legislación en materia de residuos es una de las más exigentes a nivel administrativo y burocrático. Productor de residuos, contrato de tratamiento, notificaciones previas, documentos de identificación, etc., son algunos de los procedimientos que rigen la gestión legal y eficiente de residuos.

A nivel profesional, las empresas que generan residuos peligrosos son conscientes, en su mayoría, que cumplir con la legislación en esta materia y gestionar los residuos es su responsabilidad y que cualquier incumplimiento en este sentido puede generar sanciones económicas considerables.

Cuando se habla de residuos no peligrosos esta obligación está menos arraigada. Es frecuente que las empresas se vean con el derecho a que sus residuos sean gestionados por servicios especializados, municipales o no, por pagar tasas municipales (específicas o integrada en otros tributos).

Lo cierto en todo esto es que la nueva Ley de Residuos pone claramente el foco sobre las empresas, que son responsables de gestionar, correctamente, los residuos que generan sean peligrosos o no, debiendo priorizar la prevención y valorización sobre la eliminación en vertedero. Esto último va a provocar que las entidades gestoras de residuos sean más exigentes con los productores que deben asumir esta obligación y colaborar para que esta gestión sea eficiente y favorezca la valorización.

Se avecinan cambios importantes en materia de residuos y es previsible que todo lo que no sea asumir esta responsabilidad repercuta económicamente en los costes de las empresas.

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